La informalidad laboral se ha convertido en una asignatura que resulta muy difícil de atender sin la coordinación de acciones entre empresarios, trabajadores y autoridades. En la Argentina, el trabajo no registrado afecta a cuatro de cada 10 asalariados y más profundo es el problema en el interior, particularmente en Tucumán donde la tasa se eleva al 45%, con un fuerte impacto en la juventud.
Los modelos de negocios actuales se orientan hacia una mayor flexibilidad, en parte por una cuestión de costos y en parte porque la demanda de los postulantes es diferenciada, en la que la necesidad de cobrar más ingresos choca con la exigencia de las nuevas generaciones para que una organización armonice el requerimiento laboral con el bienestar personal.
Desde hace décadas se sostiene la necesidad de combatir la ilegalidad, la autopista que conduce a la informalidad en el trabajo. Los empresarios aducen una cuestión de costo; los trabajadores justifican la aceptación de tal esquema en aquello de que, con un solo empleo, les resulta difícil atender la canasta familiar. Y el Estado, en tanto, esgrime que, de combatirla frontalmente, pagará un costo político elevado por las consecuencias sociales que eso acarrearía.
Las plataformas digitales han contribuido a flexibilizar al mercado de trabajo. Una muestra de su expansión es el incremento constante de inscriptos en el Monotributo.
Las empresas formales critican la informalidad porque sus competidores evaden impuestos, contribuciones sociales y regulaciones. En una encuesta del Banco Mundial de 2017, el 72,5% de las empresas formales argentinas declaró competir contra firmas informales. Pero esas mismas empresas también pueden emplear trabajadores no registrados, subcontratar a firmas incumplidoras o comprar insumos de proveedores informales. En Brasil alrededor del 40% del empleo informal ocurre dentro de empresas formales, explica un reciente informe del IAE Business School.
Según el economista Paul Segal, el desafío es diseñar instituciones para economías donde las formas híbridas probablemente persistirán: extender protecciones, reducir la complejidad administrativa y crear caminos intermedios hacia la formalidad. La informalidad no persiste simplemente porque algunos la quieren y otros no consiguen eliminarla. Persiste también porque quienes quieren combatirla tienen, al mismo tiempo, razones para tolerarla. Una política eficaz tiene que empezar por reconocer esa contradicción, fundamenta el docente universitario.